FDO. Rafael Sánchez Yago
Director General
Discusión entre contertulios en la radio sobre la oportunidad de endurecer la ley para evitar que el secreto de sumario sea vox populi. Escucho argumentos a favor, recriminaciones contra los funcionarios por cuyas manos pasan los documentos y algún discurso sobre la injusticia para el imputado sobre los escapes. Definitivamente están de acuerdo en que el peso de la ley debiera caer en aquellos que realizan filtraciones
Acto seguido una de estas personas afirma: "bueno esto es así, pero si el sumario (todavía secreto) cae en manos de un periodista, su obligación es publicarlo, darlo a conocer. Ese es su oficio". Mi estómago empieza a regurgitar, y cierta rabia contenida se atrapa de mi. ¿Pero no habíamos quedado en que es punible hacer público algo que debe permanecer en el ámbito de unos pocos? ¿No será todavía más delito convertirse en altavoz y propagarlo a millones de personas? ¿No es el periodista persona antes que profesional? ¿Porqué nos es tan fácil ver la paja en el ojo ajeno antes que en la propia?
"Si no vives como piensas acabarás pensando como vives" escribía el pensador italiano ¿Qué hay de la responsabilidad individual que tenemos cada uno de nosotros? Si logramos formar un sistema educativo que enseñara a los individuos a asumir las consecuencias de sus actos en cualquiera de los roles que desempeñen en la sociedad creo que el panorama cambiaría mucho y a mejor.
Paso 0: me bajo un número de referencia de la página web de Hacienda.
Paso 1: tengo que ir al Registro para que me den un certificado acreditando que soy la administradora de mi empresa. No es suficiente con que lleve la escritura en la que soy nombrada a Hacienda. ¿Motivo? Se me argumenta que es posible que haya cambiado. Formula la siguiente pregunta: ¿no deberían estar interconectadas las bases de datos del Registro y de Hacienda para que ellos tuvieran esa información actualizada? Ir físicamente a pedir un papelito con un sello a un edificio y llevarlo a otro se me antoja más como un trámite del siglo pasado que algo propio de la sociedad que aspire a ser eficiente y competitiva.
Paso 2: voy a Hacienda con el certificado y relleno los formularios correspondientes. Se me informa que en unos días recibiré un correo electrónico con los trámites a seguir.
Paso 3: no recibo ningún correo electrónico, tal vez se lo tragó el spam. Hago indagaciones en la maraña de las poco intuitivas páginas de la Administración y me encuentro con que no me puedo descargar el certificado. ¿Motivo? Cuando realicé el Paso O se me avisaba (yo no me di cuenta) que el navegador con el que había hecho el trámite no servía. ¿Resultado? Tengo que volver a sacar otro numerito (repetir el Paso 0) y volver a Hacienda.
| Paso 4: vuelvo a Hacienda con el número nuevo. Desafortunadamente tampoco puedo realizar el trámite. ¿Motivo? El papelito del Registro que me acreditaba como administradora ya ha caducado. Recordamos que las bases de datos no se hablan. ¿Resultado? Tengo que volver al Registro a pedir un nuevo certificado e iniciar los trámites. Paso 5: dimite temporalmente de obtener la firma electrónica. De momento, lo dejo ya que tengo que trabajar. |
¿Balance? Tres días perdidos en colas y papeleo suprimible. Soy autónoma y tengo mi propia empresa, podría decirse que trabajo a destajo. No me permito el lujo de ponerme enferma sopena de no ingresar. Sin embargo no me queda más remedio que sacrificar mi productividad por la ineficiencia de los sistemas de la Administración.
Paso 6: recibo una notificación diciéndome que ahora el trámite de la firma digital es obligatorio. ¡Miro al cielo!
¿Quiere competitividad señor Rajoy? Pues ya sabe por donde empezar, emplee bien los impuestos y haga que la Administración esté al servicio de los ciudadanos y no a la inversa. Mientras el "vuelva usted mañana" de Larra siga de rabiosa actualidad, mal vamos.